Diputados del radicalismo presentaron en la Cámara de Diputados de la provincia un proyecto de ley para que la Provincia y los municipios asuman en conjunto los riesgos de los créditos de promoción económica. En la actualidad son únicamente las comunas las que tienen que afrontar ese costo en el caso de que los adjudicatarios de los préstamos no respondan como corresponde.
Los diputados Abel Sabarots y Patricia Testa presentaron la iniciativa para modificar el artículo 27 de la Ley 2870. La propuesta es que quede redactado del siguiente modo: “Las Municipalidades y Comisiones de Fomento instrumentarán los procedimientos administrativos para efectivizar el reintegro de los prestamos -capital e interés- en la forma y modo que se establecieron en el acto administrativo que menciona el art 25 de la presente ley. En los casos de mora y/o incumplimiento definitivo que culmine con la caducidad de los préstamos otorgados, las Municipalidades y Comisiones de Fomento y el Estado Provincial asumirán en partes iguales los cargos por incobrabilidad, desde el mismo momento que esta circunstancia ocurra”.
La normativa también prevé que “de efectivizarse la ejecución de las garantías previstas en el art. 12 de la presente ley, el recupero que se obtenga, se prorrateara entre las Municipalidades y Comisiones de Fomento y el Estado Provincial en partes iguales».
La ley 2870 de Promoción Económica instituyó el régimen de promoción de las actividades económicas tendientes al fortalecimiento y expansión de la economía provincial.
Entre sus objetivos principales se encuentra el potenciar y fortalecer el entramado socio-productivo local y de cada una de las microregiones provinciales.
Los municipios que han adherido a la ley 2870 pueden otorgar préstamos en condiciones de fomento por montos de hasta $500.000. Según el Ministerio de Desarrollo Territorial, el año pasado se entregaron 308 créditos, de los cuales 146 corresponden a proyectos nuevos y los demás a emprendimientos preexistentes, por un monto de $90.000.000, distribuidos en 47 localidades beneficiarias, de un total de 58 que adhieren a la operatoria.
En dos años de vigencia de la línea de créditos, la inversión total asciende a $214.000.000 en créditos, lo que significa -según los datos brindados por el Ministerio- la creación de 1.341 puestos de trabajo.
“Lo preocupante del procedimiento para el otorgamiento de los préstamos establecido en la ley, conforme su redacción actual, se observa en lo normado en el artículo 27”, señalan los legisladores.
Ese artículo en la actualidad establece textualmente que las «Municipalidades y Comisiones de Fomento serán los únicos responsables ante el Estado Provincial del reintegro a devolución de los préstamos -capital e intereses-, y procederán a su cancelación de la forma y modo que así se haya establecido en el acto administrativo que se menciona en el artículo 25 de la presente. Serán, en cada caso, los responsables del recupero de los créditos otorgados en su jurisdicción».
”Si hablamos de un beneficio representado en términos de una estrategia de desarrollo productivo provincial, con una visión integral del territorio pampeano y promoviendo la articulación regional: ¿es justo que el riesgo de la implementación de esta estrategia, a través del otorgamiento de créditos, lo asuman cien por ciento los Municipios y Comisiones de Fomento? ¿No es más sensato que si la Provincia reviste el papel de acreedora -como propietaria del Fondo- asuma, al menos en parte, el riesgo que conlleva la operatoria crediticia que impulsa?”, interrogan Sabarots y Testa en los fundamentos de la propuesta.
Aseveran, además: “Esta responsabilidad puesta en cabeza únicamente de las Municipalidades y Comisiones de Fomento, es una medida absolutamente injusta e inequitativa, ya que, si bien los fondos provienen del Estado Provincial, la asunción de los riesgos por los préstamos que se conviertan en incobrables recae sólo sobre el ámbito local, provocando un desequilibrio económico. Hay casos particularmente preocupantes, dado que se verifican Municipios con un nivel de otorgamiento de préstamos equivalente a más del 20% de sus recursos provenientes del régimen de coparticipación, que son los que quedan expuestos ante el riesgo de incobrabilidad”.
“El Estado Provincial -lamentan- se deslinda de toda responsabilidad, ya que pone a disposición el Fondo para los préstamos y se asegura el recupero de los mismos a través del porcentaje de coparticipación correspondiente a cada jurisdicción local, trasladando todo el riesgo a los Municipios y/o Comisiones de Fomento. Responsabilizar únicamente a las jurisdicciones del recupero de los préstamos otorgados por dicho Ministerio, estaría incumpliendo su propia misión”, completan los argumentos.
