Las comisiones de fomento de Chacharramendi y Limay Mahuida fueron allanadas en los últimos días y les secuestraron computadoras y documentación, por orden del fiscal general Guillermo Sancho, en el marco de las denuncias por utilización de facturas trucha que realizó hace veinte días el Tribunal de Cuentas de la Provincia. En las maniobras para justificar supuestos gastos de recursos sustraídos al estado también quedaron involucradas las comisiones de fomento de Colonia Santa María, Van Praet y Relmo.
Los montos por los que se investiga a los jefes comunales de Chacharramendi, Ariel Mauna, y de Limay Mahuida, Ángel Gutiérrez, son abultados. En cambio, los presidentes de las comisiones de Santa María (Serafín Eberhardt), Van Praet (Mario Marcelo Vicente) y (Relmo) Néstor González, fueron denunciados por montos menos significativos y una o dos facturas.
En los dos operativos de allanamientos se secuestraron computadoras y documentación relacionada con la causa. Las otras tres comisiones denunciadas, por montos menores, no fueron allanadas hasta ahora, informó El Diario.
Estas cinco comisiones fueron denunciada por más de 4 millones de pesos. Pero la primeras cinco comisiones denunciadas entre fines del año pasado y marzo último están implicadas por 13,8 millones. En total, son diez comisiones investigadas por más de 18 millones de pesos.
Este jueves el fiscal Guillermo Sancho amplió la formalización de la acusación contra el presidente de la comisión de Unanue, Manuel Costoya, por nuevas facturas que elevaron el monto de 4,7 millones de pesos de la maniobra.
Este viernes también se formalizó la acusación contra el titular de la comisión de Loventuel, Oscar Hugo Martínez, denunciado por 5,2 millones. Unos días antes ya se había formalizado al jefe comunal de Perú, Roberto Oscar Kronemberger, denunciado por 85.500 pesos.
En todos los casos también están imputados los secretarios y secretarias. Están acusados del delito de peculado y uso de instrumento privado falso. Según la hipótesis acusatoria, habrían incurrido en el delito de peculado o malversación de fondos públicos. En síntesis, la figura penal alude a la apropiación indebida de los bienes o dinero perteneciente al Estado por parte del funcionario público encargado de su control o custodia.
La maniobra es entregar facturas falsas para justificar supuestos gastos de la gestión. Los supuestos proveedores desconocieron haber prestado servicios y en otros casos el nombre del proveedor se asociaba a un CUIT o actividades que no le correspondían. Habrían utilizado facturas falsas, fotocopiadas de las facturas originales.
Además, este viernes se suspendió en la Ciudad Judicial de Santa Rosa la audiencia de formalización de la acusación del jefe comunal de La Reforma, Hugo Omar Colado -denunciado por 220 mil pesos-, ya que su abogado planteó una cuestión de competencia y esa causa pasaría a manos de la fiscalía de General Acha.
El fiscal general Guillermo Sancho ya había aceptado un planteo de competencia similar en el caso del presidente de la comisión Rucanelo, Pablo Emanuel Lázaro Muse -denunciado por 3,5 millones de pesos-, que ahora es investigado por la fiscala de Victorica, Alejandra Moyano, quién aún no formalizó la acusación.
