El diputado provincial Abel Sabarots (UCR) celebró el decreto que crea el Programa provincial para la Prevención, Protección y Asistencia de las Víctimas de Trata. Sin embargo, afirmó que «no obstante que los objetivos como el Dispositivo de gestión creado por el decreto consideramos que son acertados, entendemos que una política de estado de estas dimensiones debe de ser creada por ley, en virtud de otorgar un rango superior y que goce de plena estabilidad en el tiempo, y no este sujeta a la voluntad del gobernante de turno».
«Hace casi dos años, más precisamente, el 9 de noviembre del año 2016 presentamos el Proyecto de Ley nº 580/16 creando el Programa provincial integral para víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, el cual se encuentra en la Comisión de Legislación Social y Salud Pública, con estado parlamentario, pero sin tratamiento por decisión del Partido Justicialista», indicó el legislador.
Y explicó: «Este proyecto fue presentado, en virtud de que en la provincia no existía una política de estado implementando programas de prevención y asistencia a las víctimas de trata, a diferencia de cómo si ocurrió en el municipio de Santa Rosa, durante la intendencia de Francisco Torroba, donde sancionó la Ordenanza Nº 4477/11 por la que se aprobó el Programa Integral para la Prevención, Asistencia y Oportunidades para el Desarrollo para Víctimas de Trata de Personas por Explotación Sexual y Prostitución, como una necesidad imperiosa del estado municipal de atender a víctimas de estos delitos. A la fecha la Provincia no ha tenido política pública en esta materia, y hubiese sido superador trabajar para sancionar una ley en este sentido que sea independiente de cualquier Gobierno de turno».
Sabarots indicó que «el decreto no contempla, como si se lo hace a través del proyecto de ley una Asistencia Económica Mensual para las víctimas, un monto por el equivalente a la categoría 16 de la ley 643 podrá extenderse por un periodo de seis (6) meses, renovable como máximo por un periodo similar, sujeto a evaluación del equipo interdisciplinario».
«Creemos que un programa de estas dimensiones debe de ser aprobado por la legislatura, dándole así una continuidad fuera de quien se encuentre al mando del ejecutivo provincial», finalizó.
