Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de Nación, dio hoy un fuerte espaldarazo a la posición pampeana frente a Mendoza por el histórico corte del río Atuel: dijo, ante una consulta de Diario Textual, que “sin dudas que cortar un río afecta seriamente los Derechos Humanos” de las personas. Se encuentra en La Pampa para, entre otras actividades, sobrevolar el río Atuel.
El funcionario dijo que el presidente Mauricio Macri le ha pedido “resolver amigablemente” los conflictos que puedan existir entre las provincias argentinas.
«Sin dudas que (al cortar el cauce de un río) se afectan derechos humanos. Naciones Unidas ha planteado que medioambiente es un derecho humano. El tema del acceso al agua es fundamental, por eso esta invitación de sobrevolar el río nos parece bueno para ver cómo podemos aportar, sabiendo que hoy está en instancia judicial», dijo Avruj.
«Vamos a hacer una devolución de lo visto para tener una claridad de los daños que se están produciendo y cuál es la realidad exacta», afirmó.
«He estado en Mendoza también y lo que tenemos es un mandato claro del presidente Macri que es el encuentro de los argentinos, para ir viendo todos los conflictos que tenemos para solucionarlos. Esto no significa estar de un lado o del otro, sino encontrar el mejor camino para los dos», agregó.
El corte del río Atuel, que se ha agravado desde fines de la década del ’40 con la construcción del dique Los Nihuiles en Mendoza, ha provocado la desertificación del oeste pampeano y el consecuente éxodo de miles de pampeanos del oeste.
Hoy, la Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza dos demandas judiciales por el corte. Una fue presentada en 2010 por el abogado Miguel Palazzani, en tanto que la restante fue iniciada por el Estado pampeano en 2014. Ambas presentaciones podrían unificarse.
«Sin dudas que (al cortar el cauce de un río) se afectan derechos humanos. Naciones Unidas ha planteado que medioambiente es un derecho humano. El tema del acceso al agua es fundamental, por eso esta invitación de sobrevolar el río nos parece bueno para ver cómo podemos aportar, sabiendo que hoy está en instancia judicial», dijo Avruj.
«Vamos a hacer una devolución de lo visto para tener una claridad de los daños que se están produciendo y cuál es la realidad exacta», afirmó.
«He estado en Mendoza también y lo que tenemos es un mandato claro del presidente Macri que es el encuentro de los argentinos, para ir viendo todos los conflictos que tenemos para solucionarlos. Esto no significa estar de un lado o del otro, sino encontrar el mejor camino para los dos», agregó.
El corte del río Atuel, que se ha agravado desde fines de la década del ’40 con la construcción del dique Los Nihuiles en Mendoza, ha provocado la desertificación del oeste pampeano y el consecuente éxodo de miles de pampeanos del oeste.
Hoy, la Corte Suprema de Justicia de la Nación analiza dos demandas judiciales por el corte. Una fue presentada en 2010 por el abogado Miguel Palazzani, en tanto que la restante fue iniciada por el Estado pampeano en 2014. Ambas presentaciones podrían unificarse.
La visita de Arvuj también está enmarcada en el pedido que hicieron, en julio, dos expertos de la ONU en derechos humanos. Pidieron al Estado argentino una solución definitiva al conflicto interprovincial del río Atuel para que se garantice el acceso equitativo al agua y se respeten los derechos de miles de personas afectadas a lo largo de seis décadas.
Por ello, exhortaron a las autoridades de las provincias de la Pampa y Mendoza a cumplir con el fallo de 1987 de la Corte Suprema de Justicia, que estableció el carácter «interprovincial» del río Atuel, y regular la utilización del agua de forma compartida.
«El Gobierno de Argentina tiene que tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos de las comunidades rurales de la provincia de La Pampa que han vivido durante décadas sin acceso adecuado al agua», dijo el relator de la ONU sobre agua y saneamiento, Léo Heller.
Por ello, exhortaron a las autoridades de las provincias de la Pampa y Mendoza a cumplir con el fallo de 1987 de la Corte Suprema de Justicia, que estableció el carácter «interprovincial» del río Atuel, y regular la utilización del agua de forma compartida.
«El Gobierno de Argentina tiene que tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos de las comunidades rurales de la provincia de La Pampa que han vivido durante décadas sin acceso adecuado al agua», dijo el relator de la ONU sobre agua y saneamiento, Léo Heller.
