La expresidenta Cristina Fernández denunció ante la Justicia que es víctima de una persecución política al igual que otros líderes de la región. Pidió la nulidad de la causa que se le sigue por favorecer a Lázaro Báez con obras públicas y solicitó una amplia auditoría sobre las obras viales realizadas durante toda la gestión kirchnerista.
Durante las dos horas que estuvo ante el juez Julián Ercolini, Cristina no respondió las preguntas que habían preparado el magistrado y los fiscales Gerrado Pollicita e Ignacio Mahiques.
En cambio, habló sin que la interrumpieran en un monólogo en el que aludió a Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri y titular de IECSA, de quien dijo que el Gobierno benefició por cambiar las condiciones de financiamiento de las obras del soterramiento del Sarmiento. Aseguró que pasaron de ser privadas a públicas.
Los fiscales ante lo que habló la ex presidenta pidieron extraer testimonio y que se abra una causa judicial para investigarlo.
«No soy amiga ni socia de Báez», dijo la ex presidenta para defenderse de la acusación, que señala que le dio obras públicas por 16.000 millones de pesos durante todo el kirchnerismo.
El clima fue tenso y por momentos la ex presidenta interrumpió su discurso para beber un vaso con agua.
En su exposición se remitió al contenido de un escrito presentado en octubre pasado y elaborado por su abogado Carlos Beraldi en el que había pedido la nulidad de la causa. En ese momento, el juez Ercolini la había rechazado in limine.
El contenido de su discurso fue político. Aunque dijo que la figura de asociación ilícita se utilizaba en la dictadura para perseguir a dirigentes políticos, Cristina no fue indagada pro ese delito sino por fraude y negociaciones incompatibles con la función pública.
La ex presidenta dejo el cuarto edificio de Comodoro Py por una puerta lateral que da hacia Retiro, bajó en el ascensor hasta el subsuelo y allí salió caminando al encuentro de los militantes y ex funcionarios de su gobierno.
