Cuatro condenados por cazar ilegalmente cuatro ciervos en Quehué

El juez de audiencia de Santa Rosa, Daniel Alfredo Sáez Zamora, condenó a cuatro cazadores a seis meses de prisión en suspenso, y tres años de inhabilitación especial “para el ejercicio de la cacería en todas sus modalidades”, por ser autores del delito previsto en el artículo 24 de la ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

El magistrado, tras el juicio oral, dio por probado que el 22 de marzo de 2015, los imputados Emiliano Nicolás Soler, Ricardo Barbosa, Carlos Miguel Bonetti y Carlos Alberto Peretti, “ingresaron al predio rural Andalén y cazaron cuatro ciervos colorados de 19, 17, 14 y 11 puntas respectivamente, que eran criados en dicho establecimiento –habilitado como coto de caza–, sito en la zona rural de Quehué y propiedad de Nicolás Catena, quien no había otorgado permiso alguno para que realizaran dicha actividad”, según puede leerse en la sentencia.

El artículo 24, citado por Sáez Zamora, señala que será reprimido con prisión de un mes a un año, y con inhabilitación especial de hasta tres años, para “el que cazare animales de la fauna silvestre en campo ajeno, sin la autorización establecida en el artículo 16, inciso a)” de la citada ley. Este inciso indica que será requisito indispensable para practicar la caza, “contar con la autorización del propietario o administrador o poseedor o tenedor a cualquier título legítimo del fundo”.

El juez también dispuso, en la parte resolutiva del fallo, que se extraigan copias de las partes pertinentes de las actuaciones y de los audios de la audiencia del debate, y que con ese material se corra vista al fiscal en turno de General Acha “a los fines de determinar la posible comisión de delitos de acción pública de los testigos Abelino Fabio Domínguez y Leandro Di Nápoli (ambos guías de caza) y Jorge Andrés Gallardo”.

“Ellos, al declarar, fueron inconsistentes con la restante prueba aportada por las partes y los demás testigos. Entiendo que sus dichos fueron mendaces o parcialmente mendaces”, indicó Sáez Zamora.

Los cuatro acusados se domicilian en distintas localidades de Santa Fe. Soler tiene 32 años y es empleado; Barbosa (51) es mecánico y Bonetti (36) y Peretti (59) son productores agropecuarios.

Las sanciones impuestas coincidieron con las que habían solicitado, durante los alegatos, el fiscal achense José Luis Coito y el querellante particular, Sebastián País Rojo, en representación de Catena. El defensor particular, Luciano Di Nápoli, en cambio, había requerido la absolución de todos los cazadores por considerar que los animales no fueron apresados en el campo Andalén, sino en un predio ubicado en Loventué.

Con relación a los hechos en sí, el magistrado –después de oír a varios testigos y analizar la documentación incorporada al legajo–, dio por válida la versión de la defensa y la querella acerca de que “los animales fueron cazados en el predio Andelén, luego (los cazadores) se sacaron fotografías (con los ciervos) en El Desvío –un campo lindante con aquél– y, posteriormente, Leandro Di Nápoli realizó los trámites en la delegación policial de Carro Quemado a fin de que los acusados pudiesen trasladar las piezas a sus domicilios en Santa Fe”.

La defensa había sostenido que primero el guía de caza realizó los trámites en Carro Quemado y después los imputados fueron al campo El Desvío a comer un asado, despostar los cuartos traseros de uno de los animales cazados y coordinar con el dueño una futura cacería de jabalíes.

“Si según la versión de Soler y Di Nápoli, cazaron en el establecimiento Huemey, luego se registraron las piezas obtenidas en el destacamento de Carro Quemado y, con las cabezas ya precintadas los acusados y Di Nápoli fueron a comer un asado a El Desvío, ¿cómo pudieron los acusados y Di Nápoli declarar la carne de ciervo –-supuestamente despostada en El Desvío– en la delegación policial cuando todavía no habían llegado a ese predio rural? ¿Y cómo es posible que en las fotografías de la propia cuenta de Facebook de Di Nápoli no se observan los precintos de registración colocados en las cornamentas de las piezas obtenidas?”, se preguntó Sáez Zamora al hablar el planteo de la fiscalía.