Los jueces de la Cámara Federal de Bahía Blanca ordenaron en las últimas horas al juez federal de Santa Rosa, Juan Baric, que siga investigando por el delito de intimidación pública a Carlos Martín Montoya, el exfuncionario del Senasa que amenazó con balear a quienes coloquen carteles en su campo de Axel Kicillof, candidato a la gobernación bonaerense, al enojarse por no ver ninguno de María Eugenia Vidal, según pudo saber Diario Textual.
Montoya -quien reside en Buenos Aires y tiene un campo en la zona de Quehué- había sido acusado por el Ministerio Público Fiscal por los delitos de intimidación pública, incitación pública a la violencia y apología del crimen. «A mi si me quieren poner un cartel en el frente del campo, si los veo, los cago a tiros. Y si veo el cartel ya puesto, dura menos que un pedo en una canasta», apuntó. Un día después tuvo que renunciar al cargo de director de la regional La Pampa-Buenos Aires del Senasa.
Baric dijo que no hubo delito. «No está bien lo que hizo (Montoya) pero no encuadra en ninguna figura penal», sostuvo.
Sin embargo, Baric sostuvo que los casos en que Mauricio Macri fue amenazado por redes sociales «sí son delito» y debe investigarse. «En los casos de Macri hay un sujeto pasivo sobre el cual va dirigida la amenaza, cosa que en este caso no la tenés», argumentó en su momento.
Según contaron fuentes judiciales, la fiscalía entendió que estos dichos infundieron «temor público» además de configurar una amenaza «con la comisión de un delito e incitando a la violencia contra un grupo de personas», lo que generó «una situación concreta de alarma». Incluso, Montoya renunció un día después de conocido el video. Pese a ello, el juez definió sobreseerlo al argumentar que se trató de un «exabrupto» de Montoya.
La fiscalía apeló y ahora la Cámara de Bahía Blanca ordenó a Baric seguir investigándolo: dijeron que el juez se apresuró al dictar el sobreseimiento. “Consideramos que la decisión adoptada por el juez a quo es cuanto menos prematura, y ha sido dictada sin haber alcanzado el grado de certeza necesario que se exige para este tipo de pronunciamiento, en tanto ello importa cerrar definitiva e irrevocablemente el proceso con relación al imputado”, sostuvieron. “Así las cosas, es dable señalar que el sobreseimiento exige como presupuesto objetivo una investigación agotada, situación que no concurre en autos, en tanto la línea de argumentación del fiscal imponía extremar los recaudos en ese sentido y, al menos, establecer con acierto si se trató de manifestaciones aisladas o podrían vincularse con grupos violentos”, dijeron. “Con ello, y más allá de la entidad que pretenda asignarse a los dichos de Montoya, el a quo (por Baric) arriba a una postura desincriminante sin el debido respaldo de elementos objetivos que den razón suficiente a la conclusión examinada, por lo que la resolución exhibe una fundamentación sólo aparente”.
