El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martin Soria, dispuso la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), con sede social en la ciudad de Buenos Aires y presidido por la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, por irregularidades contables, entre otras cuestiones.
Según se precisó en un comunicado, mediante la Resolución 742/2023, se «busca normalizar la situación institucional de la entidad, luego de que las actuaciones sumariales realizadas por la Inspección General de Justicia verificaran irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar».
En ese marco, Soria dispuso la intervención de la asociación civil en los términos del artículo 10, inciso J, de la ley 22.315.
La medida dispuesta generó un duro cruce entre Soria y Bullrich a través de la red social Twitter.
«Sergio Massa decidió continuar atacándome, esta vez a través del ministro de Justicia, en lugar de ocuparse de la inflación galopante y del estado calamitoso de la economía», escribió la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio (JxC) en su cuenta oficial de Twitter:
Y agregó: «Quiero compartir con la gente que estemos fuertes, porque los ataques seguirán en las próximas semanas. Buscan correr la atención de su gestión desastrosa y de la miseria que genera el kirchnerismo».
De inmediato, Soria le contestó por la misma red social: «La IGJ depende del Ministerio de Justicia, no sabés ni las competencias de cada ministerio pero decís que hay que cerrarlos. Dejá la campaña de lado y empezá a explicar el sistema ilegal de recaudación que armaste para tu partido político, mucho antes de que seas candidata!!».
Más tarde, Bullrich dijo a la prensa que ese instituto es su «forma de vida» y que trabaja «generando y dando seminarios».
«Soy doctora en Ciencias Políticas y trabajo generando y dando seminarios, es una forma de vida, me la quieren sacar. Trabajo bien y formalmente», sostuvo en una recorrida en la ciudad bonaerense de Ituzaingó.
La intervención -solicitada por el Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen- se fundamenta en la instrucción realizada por ese organismo, en la cual se determinó que desde el instituto que preside Bullrich «se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar».
