El gobernador Sergio Ziliotto envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para prorrogar el freno a los remates de campos en el oeste pampeano.
De esa manera ratificó la postura que asumió ante puesteros del oeste en el año 2018, cuando durante su campaña electoral se comprometió en “darle continuidad a la política implementada por el gobernador Carlos Verna de garantizar y defender los derechos de los pobladores de la región”, con el fin de evitar, por ley, que sean despojados de sus tierras mediante remates judiciales.
El proyecto de Ley enviado a la Cámara de Diputados busca prorrogar la vigencia de la Ley N° 2.222 hasta el 31 de diciembre de 2026. Esa norma suspendió los juicios por desalojos de inmuebles rurales ubicados en los departamentos de Chicalcó, Chalileo, Puelén, Curacó y Limay Mahuida, “siempre que fuesen ocupados por cualquier título, por familias o habitantes, indígenas u originarios, o sus descendientes, cualquiera sea el estado procesal en el que se encuentren”.
Esta ley, que viene siendo prorrogada desde su sanción en el año 2005, es complementaria de las acciones que desde el Poder Ejecutivo Provincial se instrumentan con el objetivo de regularizar la situación registral de inmuebles ocupados por integrantes de pueblos originarios.
“Es necesario instrumentar los mecanismos que estén al alcance del Estado para proteger las tierras que tradicionalmente ocuparon los pueblos originarios”, ha dicho el mandatario. En este sentido, ha venido ratificando que la Ley 2.222 “es una herramienta útil para prevenir sus desalojos y brindarles un plus de protección”.
En el año 2018, previo a asumir la gobernación de la provincia, Ziliotto estuvo en el departamento de Limay Mahuida en el puesto de Simplicio Albornoz. “Nadie los va a sacar de acá mientras yo sea gobernador”, les dijo allí.
Simplicio Albornoz es un ejemplo vivo de lucha. Desde hace años pelea en la Justicia para evitar el despojo de las tierras que heredó de su padre.
