La Corte ordenó a La Pampa frenar la obra del trasvase del acuífuero del Valle Argentino al acueducto

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) aceptó una medida cautelar y ordenó al Gobierno de La Pampa a que frene la obra del trasvase de agua subterránea del Acuífero del Valle Argentino para abastecer transitoriamente al Acueducto del Río Colorado. Además, dijo que deben opinar el Gobierno nacional y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Con esta obra, se pretende inyectar agua subterránea cuando salga de servicio o se requiera mantenimiento del acueducto. Según estima el Gobierno provincial, a lo sumo serán unos 10 días al año. Sin embargo, al conocerse el proyecto hace unos años, hubo varias voces en General Acha que se opusieron. Pero por el momento no se puede hacer el trasvase por decisión de la CSJN, informó Diario Textual.

Esta causa fue promovida por dos vecinos de General Acha, María Laura de Aguirre y Fernando Omar Feito, quienes reclamaron el estudio de impacto ambiental de la obra.

 
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En el marco de esas resistencias de algunos sectores, en marzo de 2021 y durante el acto por el Día Nacional del Agua, el Gobierno provincial firmó el Convenio Marco de Colaboración de las Unidades de Gestión del Acuífero del Valle Argentino con intendentes y cooperativas. 

Ahora el fallo, al que accedió Diario Textual, está firmado por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

¿Cuáles fueron los principales argumentos de la Corte para aceptar la cautelar? Entre otros, el “significativo defecto” en la motivación de la disposición que exime de cumplir al proyecto con el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental es “determinante para la procedencia” de la medida solicitada por los denunciantes. “A ello cabe agregar que el plan de monitoreo continuo de la calidad del agua dispuesto por la autoridad provincial para detectar el inicio de un proceso de contaminación del recurso y adelantarse a la afectación de una fuente de abastecimiento es un indicio del peligro ambiental que implica la realización de la obra de captación y traslado del agua desde el acuífero Valle Argentino. En cuanto al peligro en la demora, esta Corte no puede dejar de advertir que, si se resolviera finalmente que las obras tienen un impacto ambiental significativo y que, en consecuencia, corresponde la realización de la evaluación de impacto ambiental y el proceso de participación ciudadana, la recomposición del daño al ambiente podría ser de muy difícil concreción”, sostuvo la Corte.

Estos son los principales puntos de la decisión de la Corte:

Declarar la competencia de esta Corte para conocer en esta causa por vía de su instancia originaria (artículo 117 de la Constitución Nacional).
 Requerir a la Provincia de La Pampa el informe circunstanciado que prevé el artículo 8º de la ley 16.986, que deberá ser contestado en el plazo de 30 días (arg. artículo 9º, ley 25.344).
Disponer la citación de la Provincia de Buenos Aires y del Estado Nacional (artículo 89 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) para que, dentro del plazo de 30 días, comparezcan a tomar en la causa la intervención que les corresponda.
Hacer lugar a la medida cautelar suspendiendo las acciones dirigidas a iniciar la obra hasta el dictado de la sentencia definitiva.
Líbrense los oficios correspondientes a fin de comunicar el requerimiento del informe circunstanciado de la demanda de amparo y citaciones ordenadas. Para su comunicación al Estado Nacional, líbrese oficio al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a los señores Gobernadores de la Provincia de La Pampa y la Provincia de Buenos Aires, y a los respectivos señores Fiscales de Estado provinciales, líbrense los oficios correspondientes, por intermedio de los juzgados federales de turno, de las ciudades de Santa Rosa y La Plata, respectivamente (artículo 341 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y comuníquese a la Procuración General de la Nación.
 María Laura de Aguirre y Fernando Omar Feito argumentaron en su momento que resultan “afectados” porque viven en General Acha, que abastece de agua potable a sus 15.000 habitantes con las aguas del Acuífero del Valle Argentino, que es una Reserva Hídrica Estratégica, según la resolución 11/2013 de la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia.

Precisaron que el acuífero, de carácter interjurisdiccional, es una unidad geomorfológica que se extiende desde el Oeste, en la localidad de Chacharramendi, provincia de La Pampa, hasta la de Buenos Aires, hacia el Este, en la zona de Guaminí-Valimanca.

Según la demanda de “amparo ambiental”, con esa obra La Pampa busca evitar el desabastecimiento de agua potable de las localidades de Quehué, Ataliva Roca, Santa Rosa y Toay, cuando se produzcan fallas en el funcionamiento del “defectuoso Acueducto del Río Colorado”, o “en situaciones en las que deje de prestar servicio por mantenimiento o readecuación”.

Recordaron, además, que en noviembre de 2018 y sin participación ciudadana fue aprobado por la Cámara de Diputados provincial el proyecto de ley por el cual se declaran de utilidad pública y sujetas a expropiación determinadas zonas del Valle Argentino.

Expusieron que la oferta del agua del acuífero “es cada vez menor” ya que “su sistema de recarga depende de las lluvias pampeanas, sobreexplotando el sistema con el riesgo de salinizarse y de comenzar a presenciar arsénico en el agua”, lo que “lesiona, restringe, altera y amenaza los derechos de incidencia colectiva de los habitantes de la zona a un ambiente equilibrado”.