La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner irá a juicio oral en la causa por irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral en la provincia de Santa Cruz. Hay, entre los imputados, un pampeano: el achense Héctor Garro, ex presidente de Vialidad en Santa Cruz y actual empresario hotelero.
El juez federal Julián Ercolini dio por cerrada la investigación y dispuso que la ex mandataria y otras 15 personas fueran enviadas a juicio. Entre ellos el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex secretario de Obra Pública, José López, el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública y primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner –los tres detenidos–, el empresario Lázaro Báez y su hijo Martín -quienes estaban a cargo de la empresa Austral Construcciones-, y el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti.
Esta es la segunda causa en la que la ex presidente es enviada a juicio. La primera fue la del “dólar futuro” que está a cargo del Tribunal Oral Federal 1.
Garro -un achense que desde los años ’80 se radicó en Río Turbio, Santa Cruz- tuvo un recorrido como prestador de servicios, después fue concejal de 28 de Noviembre (cercano a Río Turbio) y finalmente llegó a ser presidente de Vialidad Provincial de Santa Cruz. Al salir de la función pública incrementó su patrimonio y fue gerente de las empresas de Báez y prestador del empresario detenido.
Hace algunos años realizó importantes compras en La Pampa, entre ellas el hotel ECOP -que está en el ingreso a General Acha- y el hotel La Delfina, en el kilómetro 606 de la ruta Nº 5, en el acceso a Santa Rosa.
En la causa de la obra pública se investigaron 52 contratos que Báez recibió para obra en la provincia de Santa Cruz por 46 mil millones de pesos. Para los fiscales Gerardo Pollicita, Ignacio Mahiques, y para el juez Ercolini hubo irregularidades en esas concesiones porque muchas de ellas no se concretaron.
El magistrado consideró a Garro “prima facie” coautor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública (arts. 45, y 173 inc. 7 en función del art. 174 inc. 5 del Código Penal, y arts. 306 y 310 del Código Procesal Penal de la Nación).
(Foto: El Diario)
