La Justicia dispuso la detención del ex secretario de Coordinación Roberto Baratta, junto a ex funcionarios y empresarios, además de la citación a indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner, en el marco de un nuevo escándalo por supuestos bolsos con dinero para coimas por la obra pública.
Tras la detención del ex chofer de Baratta, Oscar Centeno, el juez federal Claudio Bonadio avanzó con nuevas órdenes de arresto, una treintena de allanamientos y los llamados a indagatoria a Cristina, al ex ministro de Planificación Julio De Vido (actualmente detenido), al ex secretario general de la Presidencia y otrora jefe de los espías Oscar Parrilli y el ex magistrado Norberto Oyarbide, entre otros.
La investigación se inició a partir de la declaración testimonial hecha a fines de 2017 por la ex esposa de Centeno, a lo que se sumaron ocho cuadernos escritos por el ex chofer en los que figuran detalles de la ruta de las supuestas coimas, aportados a la Justicia por periodistas del diario La Nación.
La ex jefa del Estado fue citada a indagatoria porque en los manuscritos figura que su departamento del barrio porteño de Recoleta era el destino final de varios de los bolsos que Centeno trasladaba en su vehículo con los supuestos sobornos.
Luego de los 34 allanamientos dispuestos por Bonadio y encarados por la Policía Federal, fueron detenidos también Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa, Rafael Llorens, ex secretario de Coordinación y Control de Planificación, Nelson Lazarte, ex secretario de Baratta, y Hugo Larraburu, ex coordinador técnico de la Jefatura de Gabinete.
Entre los empresarios detenidos figuran Armando Losón (presidente del Grupo Albanesi, ver aparte), Carlos Mundin (titular de la firma de ingeniería BTU), Claudio Glazman (director de Sociedad Latinoamericana Inversiones) Jorge Neira (directivo de Electroingeniería), Oscar Ferreyra (vice de Electroingeniería) y Javier Sánchez Caballero (ex CEO de Iecsa).
Además, las fuerzas de seguridad buscaban a Oscar Thomas (ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá), a Fabián García Ramón (ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética), a Hernán Gómez (ex asesor de Planificación), a Juan Carlos Wagner (de la firma Esuco), a Francisco Valenti (ex vice de Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Impsa) y a Juan Carlos Goycochea (Isolux).
El juez también dispuso una docena de indagatorias, que arrancarán hoy con Centeno, quien iba a declarar ayer pero —finalmente— se postergó porque pidió un cambio de abogado.
El fiscal de la causa, Carlos Stornelli, quien dijo que la hipótesis de investigación es la «asociación ilícita», le ofrecerá acogerse a la figura del arrepentido para que pueda aligerar su condena en caso de aportar datos clave. La causa permanece bajo secreto de sumario y los apresados, incomunicados.
Entre los citados para el 7 de agosto próximo están el ex ministro de Minería Jorge Mayoral, el ex titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) y operador judicial Javier Fernández y el empresario de medios Rudy Ulloa.
El 8 de agosto será el turno de Parrilli y de Oyarbide, en tanto que para el día siguiente fueron convocado los empresarios Néstor Otero y Juan Carlos Lasturaing, el ex secretario privado de De Vido José María Olazagasti y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.
Para el 10 del mismo mes está convocado a declarar en Comodoro Py el propio De Vido, actualmente detenido en Marcos Paz por otra investigación, y para el 13 de agosto, la ex presidenta.
Bonadio y Stornelli comenzaron con la investigación judicial, pero 40 días atrás necesitaron de la intervención de una fuerza de seguridad. La elegida fue la Dirección de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, que desplegó entonces un operativo especial a través de un grupo reducido de ocho agentes, minuciosamente seleccionados, que trabajaron en medio de gran hermetismo.
«Si bien su especialidad es drogas, el grupo tiene experiencia en investigaciones complejas y análisis de escuchas telefónicas», explicó el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia.
Roncaglia es una de las pocas personas que estuvieron al tanto de todas las instancias de la investigación, así como de las identidades y relaciones de los involucrados en la causa por coimas, que tuvo como columna vertebral el intercambio de bolsos con dinero entre funcionarios y empresarios durante el gobierno pasado.
La primera etapa, que comenzó hace 40 días, circunscribió la investigación a ocho agentes especiales. No usaron teléfonos y no se comunicaron por WhatsApp ni intercambiaron mails durante el tiempo que duró el proceso.
En paralelo a la parte judicial, los agentes realizaron las maniobras de calle y de identificación de los involucrados. De ese grupo cerrado surgieron nombres y domicilios de los más de 15 detenidos.
La causa tuvo inicio en el material que periodistas le entregaron a la Justicia, que consistió en ocho cuadernos escritos por Centeno en los que detalló el traslado de dinero en bolsos para coimas por la obra pública.
De acuerdo a la investigación, el chofer registró durante casi diez años los recorridos a bordo de su auto, en los que habría trasladado unos 53 millones de dólares, aunque se estimó que el total de la maniobra ilícita alcanzaría los 160.
Ese dinero sería parte de coimas provenientes de empresarios del sector energético, que era entregada al gobierno kirchnerista para obtener privilegios en el reparto de la obra pública.
